Por Salvador Valadez C.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas reveló que al inicio de la actual administración se detectaron irregularidades en expedientes relacionados con el otorgamiento de 48 patentes y 26 FIATS de notarías públicas entregados durante el sexenio anterior, situación que derivó en acuerdos de nulidad y en una revisión a fondo de la función notarial en el estado.
El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, informó que actualmente existen 41 notarías bajo investigación derivado de quejas presentadas por ciudadanos inconformes.
Explicó que desde 2022 se realizó un análisis de las patentes y FIATS otorgados en los últimos meses de la administración pasada, encontrándose expedientes que no cumplían con los requisitos legales necesarios.
“Se encontraron muchas ilegalidades”, sostuvo el funcionario estatal.
Precisó que las inconsistencias detectadas provocaron que en 2023 se emitieran acuerdos de nulidad tanto para patentes notariales como para FIATS.
Beas Gámez señaló que la Dirección de Notarías es la instancia encargada de recibir y dar trámite a las denuncias presentadas por ciudadanos relacionados con posibles irregularidades en protocolos notariales.
Detalló que, tras admitir las quejas, se abren investigaciones y se realizan visitas ordinarias para conocer el estado actual de cada una de las notarías señaladas.
Actualmente son 41 procedimientos iniciados, aunque hasta el momento no existe una resolución definitiva en ninguno de los casos.
El funcionario aclaró que durante el proceso los notarios involucrados tienen derecho a presentar pruebas y defenderse antes de que se emita una resolución administrativa.
Asimismo, indicó que la Dirección de Notarías también puede dar vista a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cuando existan posibles conductas ilícitas.
Incluso, confirmó que la Fiscalía ya integra algunas carpetas de investigación relacionadas con actuaciones notariales denunciadas directamente por ciudadanos afectados.
Beas Gámez reiteró que la Secretaría General de Gobierno tiene la facultad exclusiva para iniciar procedimientos administrativos contra notarios y, en caso de acreditarse irregularidades, emitir las sanciones correspondientes o incluso cancelar patentes.
Sin embargo, aclaró que si el fedatario demuestra que no existió ilegalidad, la cancelación no procede.
“El gobernador ha sido claro en que el Gobierno del Estado debe ser garante de la función notarial”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la función notarial es de orden público, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que sea ejercida por personas capaces, honestas y preparadas.
