Redacción En Activo
Monterrey, Nuevo León.– Hasta 12 años de prisión podrían enfrentar quienes incurran en fraude automotriz en Nuevo León, de aprobarse la iniciativa presentada por la diputada local del PRI, Gabriela Govea López.
La legisladora propuso incorporar este delito al Código Penal para sancionar a quienes, sin autorización legal, ofrezcan vehículos o financiamientos, reciban anticipos o mensualidades y posteriormente no entreguen el automóvil en el plazo acordado y sin una causa justificada.
La reforma plantea adicionar el artículo 391 Bis para establecer penas de cuatro a 12 años de prisión, además de multas de mil a 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta también contempla agravantes cuando para cometer el ilícito se utilicen oficinas simuladas, publicidad digital de créditos, se opere de manera sistemática o se amenace o coaccione a quienes denuncien.
Govea López planteó además modificar los artículos 45 Bis y 45 Bis 1 de la Ley de Protección a los Consumidores, con el propósito de establecer mayores controles para quienes participan en la comercialización y financiamiento de vehículos.
Entre las medidas propuestas está la obligación de que las personas físicas o morales que ofrezcan vehículos, financiamiento automotriz o planes de pago cuenten con un registro vigente ante la autoridad financiera competente.
También se busca prohibir la oferta de créditos automotrices sin la autorización correspondiente y considerar como práctica abusiva la simulación de convenios con agencias o plataformas de venta.
La diputada señaló que estas prácticas han provocado afectaciones económicas graves para familias y una carga importante para las autoridades encargadas de investigar los casos.
Argumentó que la falta de regulación específica y de controles administrativos eficaces ha permitido que empresas operen aprovechando vacíos legales, afectando la confianza de los consumidores y sus derechos.
Govea López sostuvo que su iniciativa busca cerrar espacios de impunidad, fortalecer la supervisión y establecer mayores mecanismos de protección para las familias que realizan operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos.
