Redacción En Activo
Ciudad de México.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Irais Ballesteros Mancilla, propuso reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar que las personas privadas de la libertad que viven con VIH tengan acceso efectivo y continuo a su tratamiento antirretroviral.
La iniciativa plantea modificar el artículo 9 para establecer como derecho que las autoridades penitenciarias aseguren también los estudios, medicamentos, consultas y demás servicios médicos necesarios para el seguimiento y atención integral de quienes viven con este virus.
La propuesta establece que la privación de la libertad no podrá ser motivo para suspender, retrasar o interrumpir injustificadamente un tratamiento médico.
De acuerdo con el documento, las infecciones de transmisión sexual han registrado un incremento sostenido en México durante los últimos años, particularmente después de la pandemia. En el caso del VIH, se reportaron más de 10 mil 700 nuevos casos durante 2025.
La iniciativa señala que esta problemática afecta principalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años y a poblaciones clave, además de existir un importante subdiagnóstico debido a que muchas infecciones de transmisión sexual pueden ser asintomáticas.
El documento también advierte que las personas privadas de la libertad enfrentan mayores riesgos de padecer enfermedades transmisibles. Según datos citados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tienen aproximadamente 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH que la población general.
Ballesteros Mancilla sostiene que dentro de los centros penitenciarios también persisten dificultades para acceder de manera oportuna y continua a los tratamientos, además de situaciones de estigma y discriminación.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, destaca que vivir con VIH o Sida no debe representar una limitación para el ejercicio de los derechos de las personas.
Por ello, la legisladora plantea fortalecer las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos y el suministro oportuno de medicamentos, evitando que la situación jurídica de una persona se convierta en un obstáculo para recibir atención médica.
