Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una reforma electoral para impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan convertirse en candidatos de partidos políticos rumbo al proceso electoral de 2027.
La iniciativa plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina.
La mandataria explicó que la propuesta busca establecer un mecanismo preventivo que permita a los partidos políticos conocer si alguno de sus aspirantes representa un posible riesgo por antecedentes o vínculos con grupos criminales.
La reforma contempla que los partidos entreguen voluntariamente al INE las listas de sus aspirantes, para que la nueva comisión consulte información con instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Con base en la información recabada, dichas dependencias determinarán si “no existe riesgo” o si hay un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
Posteriormente, la comisión notificará a los partidos políticos sobre los resultados, aunque serán las propias dirigencias quienes decidirán finalmente si registran o no la candidatura.
La presidenta aclaró que el mecanismo respetará la presunción de inocencia y que, en caso de detectarse información relevante, las instituciones de seguridad e inteligencia continuarán las investigaciones conforme a sus atribuciones.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años.
Además, los aspirantes a candidaturas deberán autorizar expresamente ser sometidos a este procedimiento de revisión como requisito obligatorio para participar en los procesos internos de sus partidos.
El Gobierno Federal adelantó que toda la información tendrá carácter confidencial y reservado para no afectar investigaciones ni vulnerar el debido proceso.
