Ciudad de México.– La iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca simplificar el proceso de elección de jueces y magistrados, además de mover la jornada electoral judicial hasta 2028, aseguró el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya.
El legislador explicó que la propuesta plantea que la elección judicial se realice el primer domingo de junio de 2028 y coincida con la consulta de revocación de mandato presidencial.
Además, señaló que se adelantará el calendario para que los comités de evaluación comiencen trabajos desde abril, con el objetivo de contar con más tiempo para revisar perfiles y organizar el proceso.
Ávila Anaya indicó que la reforma también contempla la creación de una comisión encargada de definir los requisitos de idoneidad y elegibilidad de aspirantes, para apoyar el trabajo de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión.
Destacó que otro de los cambios importantes será la simplificación de las boletas electorales, las cuales mostrarán de manera más clara a los candidatos y el área jurídica por la que compiten.
Asimismo, la iniciativa incorpora exámenes de conocimientos para aspirantes y capacitación de juzgadores mediante el Tribunal de Justicia Disciplinaria y la Escuela Judicial.
El diputado morenista agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tendría dos salas adicionales para agilizar la resolución de asuntos jurídicos.
“Esto seguramente será dictaminado en los próximos días y será votado por la mayoría de los grupos parlamentarios”, sostuvo.
En otro tema, Ávila respaldó la iniciativa presidencial que busca impedir candidaturas ligadas a la delincuencia organizada mediante una comisión de verificación integrada por cinco consejeros del INE.
Explicó que dicha comisión trabajaría en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para detectar posibles riesgos en perfiles de aspirantes.
Precisó que los partidos políticos seguirán teniendo la facultad de decidir si registran o no a una candidatura señalada con “riesgo razonable”, aunque las autoridades deberán iniciar investigaciones si detectan posibles vínculos delictivos.
