Por Salvador Valadez C.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Contraloría Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento de Victoria iniciaron una revisión de alrededor de 2 mil 500 boletas de infracción generadas en operativos anti alcohol realizados durante los últimos seis meses, con el objetivo de determinar si existieron posibles actos de ilegalidad.
El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, informó que la investigación surge tras una inspección sorpresa del alcalde Eduardo Gattás Báez a estos operativos, derivada de múltiples quejas ciudadanas por presuntos cobros de hasta 4 mil pesos para evitar el arrastre de vehículos.
Detalló que la revisión incluye el análisis de las boletas levantadas en los operativos, así como la actuación de los elementos de tránsito y sus mandos, para verificar que los procedimientos se hayan realizado conforme al reglamento.
“Se van a revisar las boletas de los últimos seis meses para comprobar que se haya cumplido con la legalidad”, explicó.
De acuerdo con las cifras preliminares, en este periodo se han revisado más de 2 mil 500 vehículos y alrededor de 300 han sido remitidos al corralón.
Reséndez señaló que, en caso de detectarse irregularidades, se dará vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para emitir una opinión sobre el actuar de las autoridades.
El funcionario reconoció que las quejas ciudadanas se intensificaron en redes sociales, así como por denuncias del sector empresarial y recursos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, especialmente tras el último partido de la Selección Mexicana durante el Mundial.
Indicó que la revisión también busca corregir la ubicación de los operativos, ya que algunos habrían sido instalados en accesos a colonias y fraccionamientos, lo que podría interpretarse como acciones recaudatorias y no preventivas.
Aclaró que los operativos deben realizarse en avenidas principales con enfoque preventivo y no en puntos donde se genere percepción de abuso.
Finalmente, informó que dos elementos de tránsito ya han sido turnados a la Comisión de Honor y Justicia, instancia que determinará posibles sanciones o bajas conforme a la ley estatal de seguridad pública.
