Redacción En Activo
Ciudad de México.- El Gobierno federal identificó una red empresarial vinculada a los hermanos Hernández Casillas que ha obtenido contratos para suministrar material electoral durante casi tres décadas, con una expansión significativa entre 2015 y 2023, periodo en el que 23 organismos electorales estatales les asignaron operaciones por 2 mil 94 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los resultados de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, basada en fuentes abiertas, que rastreó el origen de las empresas y sus relaciones con funcionarios y actores del ámbito electoral.
La indagatoria ubica los antecedentes de esta estructura en la década de los ochenta, cuando José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, José Alfredo se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del RENAPO. Raymundo, por su parte, ocupó funciones en el área de Recursos Financieros y Materiales.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica, empresa relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, mientras que en 1992 surgió Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La investigación señala que Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México en 1999 y que, en 2005, obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral de esa entidad para suministrar material. Ese año también se registraron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
La expansión empresarial continuó entre 2012 y 2013, con contratos y operaciones en organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Buenrostro destacó que, tras la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova, asumió la designación de consejeros de los organismos públicos locales electorales.
Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 institutos electorales estatales contrataron a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas por un monto acumulado de 2 mil 94 millones de pesos.
La funcionaria agregó que entre 2024 y 2025, durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales locales.
Sheinbaum sostuvo que los antecedentes de estas empresas no corresponden exclusivamente a la actual administración del INE y pidió que se investigue el origen de las contrataciones, los mecanismos de asignación y las posibles responsabilidades de quienes hayan participado.
La mandataria también relacionó a Juan Carlos Padilla Aguilar con el partido SOMOS, en el que coinciden figuras como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina. La investigación expuesta por el Gobierno federal plantea esos vínculos como parte del contexto que debe revisarse.
Como parte de las medidas anunciadas, Sheinbaum adelantó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, mediante una mayor participación de dependencias federales, instituciones académicas y la Auditoría Superior de la Federación como observadora de su Consejo de Administración.
La propuesta busca que esta empresa del Estado produzca material electoral, mientras que otros insumos puedan adquirirse a proveedores mexicanos.
Buenrostro explicó que, al tratarse de un organismo autónomo, corresponde a las instancias fiscalizadoras competentes revisar las contrataciones del INE, determinar si existieron irregularidades y, en su caso, promover sanciones o denuncias ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera.
La funcionaria señaló que la Secretaría Anticorrupción también analiza mecanismos para prevenir que esquemas similares se reproduzcan en las dependencias de la Administración Pública Federal.
Las cifras y relaciones expuestas corresponden a los hallazgos presentados por el Gobierno federal; cualquier responsabilidad individual o irregularidad deberá acreditarse mediante las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.
