Redacción En Activo
Ciudad de México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá bajo revisión sus procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los últimos diez años, luego de que su Consejo General aprobara solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización integral del periodo 2016-2026.
La decisión forma parte de un paquete de medidas para reforzar los controles internos, transparentar el manejo de recursos públicos y atender los señalamientos relacionados con contrataciones institucionales.
El acuerdo establece que el INE deberá colaborar plenamente con la ASF, preservar de inmediato la documentación física y electrónica vinculada con sus contratos, integrar un inventario de adquisiciones y entregar la información que requieran las autoridades fiscalizadoras.
La revisión del organismo auditor abarcará los procedimientos y alcances que la propia ASF determine, pues será esa instancia la que defina las muestras, modalidades y mecanismos de fiscalización correspondientes.
Entre las acciones aprobadas también se contempla revisar el padrón de proveedores, habilitar un mecanismo para recibir información sobre posibles hallazgos y solicitar datos a otras autoridades, conforme a sus atribuciones.
El Consejo General incluyó además la elaboración de un Plan de Acción Crítico para evitar que las revisiones administrativas afecten la continuidad de las contrataciones indispensables para organizar el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey Jordan pidió que la revisión no deje fuera ningún procedimiento y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos y qué medidas se adoptan ante posibles fallas administrativas.
También planteó la necesidad de modificar las prácticas de contratación del Instituto para privilegiar los concursos abiertos sobre las adjudicaciones directas.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias y calificó la situación como la crisis histórica más grave que ha enfrentado el organismo.
Entre las acciones que consideró necesarias mencionó la intervención de la ASF, el fortalecimiento de los mecanismos para detectar posibles riesgos de corrupción y la presentación de denuncias cuando existan elementos para ello.
Asimismo, llamó a la Fiscalía General de la República a valorar las diligencias correspondientes y la eventual aplicación de las disposiciones constitucionales en materia de delitos de corrupción.
El acuerdo precisa que cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades o responsabilidades deberá resolverse mediante los procedimientos establecidos en la ley, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.
