Redacción En Activo
Ciudad de México.- El uso de tarjetas de pensiones y apoyos sociales sin autorización de sus titulares podría ser considerado delito de abuso de confianza, de aprobarse una propuesta presentada por la diputada Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo.
La legisladora planteó reformar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal para sancionar a quienes, como depositarios, custodios, auxiliares o encargados de tarjetas bancarias, medios electrónicos, credenciales u otros instrumentos de pago, dispongan de los recursos de otra persona sin su consentimiento.
La propuesta contempla que las sanciones por abuso de confianza, actualmente de seis meses a seis años de prisión y multas de hasta cien veces el salario, puedan incrementarse hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad.
El aumento también aplicaría cuando exista entre la víctima y el responsable una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o una relación de notoria confianza.
López Carrillo señaló que se han identificado casos en los que familiares, cuidadores o terceras personas retienen tarjetas o disponen sin autorización de recursos correspondientes a pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.
Explicó que las condiciones de movilidad, la brecha digital, problemas de visión o situaciones relacionadas con la salud llevan a algunos beneficiarios a confiar sus tarjetas y contraseñas a otras personas para poder disponer de sus recursos.
La iniciativa advierte que, en algunos casos, quienes reciben o administran las tarjetas retienen los fondos o entregan solamente una parte del dinero, destinando el resto para beneficio propio o de terceros.
Como parte de la propuesta, también se plantea que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar establezcan protocolos accesibles para orientar, recibir y canalizar reportes o denuncias relacionadas con la retención ilícita o despojo de tarjetas de programas sociales.
La diputada consideró necesario homologar a nivel federal la figura del abuso de confianza y fortalecer los mecanismos de orientación y defensa para las víctimas.
El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis.
