Redacción En Activo
Monterrey, Nuevo León.– El Congreso del Estado aprobó exhortar al gobernador Samuel García para que publique seis decretos legislativos que fueron vetados por el Ejecutivo y cuya validez fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La solicitud fue presentada mediante un Punto de Acuerdo por el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente Flores, durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo.
El legislador sostuvo que, luego de la resolución de la Suprema Corte, ya no corresponde al Ejecutivo decidir si publica o no los decretos, pues el máximo tribunal determinó que el procedimiento seguido por el Congreso fue válido.
De la Fuente Flores advirtió que, en caso de que el gobernador no cumpla con la resolución, solicitarán a la Corte que aplique las sanciones correspondientes por un posible desacato.
“La Corte por fin resolvió una situación en la que el Estado metió una controversia en el 2023. Pues cuando la Corte resuelva se puede avanzar”, señaló.
El coordinador panista afirmó que el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso no representa un nuevo acto jurídico, sino un llamado para que el Ejecutivo cumpla con lo determinado por la Suprema Corte.
Los decretos corresponden a los números 118, 139, 148, 151, 184 y 263, aprobados durante la LXXVI Legislatura.
Entre ellos se encuentra una reforma a la Ley de Hacienda de Nuevo León relacionada con la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria del Estado por parte del Poder Legislativo.
También se contempla una reforma a las leyes de Movilidad sobre la factibilidad de obras y el uso de bicicletas y ciclovías, así como modificaciones a la Ley de Patrimonio Cultural relacionadas con las peleas de gallos y la tauromaquia.
Otro de los decretos corresponde a la Ley de Adquisiciones, con disposiciones relacionadas con la certeza en las licitaciones de áreas de seguridad pública.
Asimismo, se incluye el decreto relativo a la conformación del Consejo de Administración de Agua y Drenaje, además de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer un Centro de Estudios Económicos dentro del Congreso.
El Punto de Acuerdo fue aprobado con 28 votos a favor y nueve en contra, correspondientes a la bancada de Movimiento Ciudadano.
