Redacción En Activo
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso de Tamaulipas dio un paso para frenar a las llamadas escuelas “patito” y proteger a estudiantes de fraudes educativos, al aprobar por unanimidad dos iniciativas que fortalecen las sanciones contra quienes ofrecen servicios educativos sin autorización o expiden documentos académicos sin validez oficial.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Francisca Castro Armenta dio lectura a las propuestas impulsadas por la diputada Yuriria Iturbe Vázquez y el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, destacando que ambas buscan brindar mayor certeza y seguridad jurídica a la comunidad educativa.
Una de las reformas plantea modificar el artículo 418 del Código Penal de Tamaulipas para considerar como fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos, diplomas o grados académicos que carezcan de la autenticación oficial correspondiente.
Hasta ocho años de prisión
La segunda propuesta endurece las consecuencias para quienes impartan servicios educativos sin contar con autorización o reconocimiento de validez oficial.
La modificación al artículo 189 Ter contempla elevar la pena de cuatro a ocho años de prisión y establecer multas de mil a dos mil UMAs.
Además, la sanción se aplicaría por cada institución educativa que opere de manera irregular.
Castro Armenta señaló que ambas iniciativas cuentan con opiniones favorables de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, al considerar que fortalecen la respuesta penal frente a estas prácticas.
Las reformas buscan proteger no solo el patrimonio de los estudiantes y sus familias, sino también la certeza jurídica de quienes cursan estudios y posteriormente reciben documentos que deben acreditar su formación académica.
La presidenta de la Diputación Permanente, Lucero Deosdady Martínez López, convocó a la próxima sesión para el lunes 7 de septiembre a las 11:00 horas.
