Redacción En Activo
Ciudad de México.- Las autoridades ministeriales, policiales y judiciales estarían obligadas a proteger la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños y adolescentes durante detenciones, cateos o actos de investigación, de aprobarse una reforma impulsada en la Cámara de Diputados.
La diputada federal Gissel Santander Soto presentó una iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de que el interés superior de la niñez sea un principio obligatorio en cualquier actuación donde se detecte la presencia de menores de edad.
La propuesta plantea reformas a los artículos 10 y 132, además de la creación del artículo 266 Bis, para establecer nuevas obligaciones a los cuerpos policiales. Entre ellas destacan identificar de inmediato la presencia de menores, reducir al mínimo el uso de la fuerza, evitar exhibir armas o emplear tácticas intimidatorias y, cuando sea posible, realizar las detenciones fuera del campo visual de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la iniciativa contempla impedir la separación de los menores de su figura cuidadora, salvo que exista un riesgo real para su integridad, además de solicitar el apoyo inmediato de instituciones de protección cuando los infantes resulten afectados o se encuentren en condición de vulnerabilidad.
El proyecto también establece que las autoridades deberán resguardar a los menores en espacios seguros y libres de violencia, evitar que presencien el uso de armas o escenas de confrontación, brindar atención psicológica inmediata cuando exista afectación emocional y garantizar, en la medida de lo posible, que permanezcan junto a su tutor o cuidador.
La legisladora argumentó que actualmente existe un vacío legal respecto a la actuación de las autoridades cuando durante un operativo hay niñas, niños o adolescentes presentes, situación que los expone a experiencias traumáticas que pueden afectar su desarrollo emocional.
La iniciativa cita información de UNICEF, que advierte que la exposición constante de menores a hechos violentos relacionados con actuaciones institucionales puede provocar ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño y desconfianza hacia las autoridades.
También retoma observaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, organismo que ha documentado diversos casos en los que menores fueron expuestos a operativos policiales sin protocolos especializados de protección.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
