Por: Salvador Valadez C:
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, identificada como YAC, no logró que el proceso penal en su contra se desarrollara a puerta cerrada ni impedir que se difundiera información relacionada con el caso, luego de que la jueza rechazó las solicitudes presentadas por su defensa al inicio de la audiencia.
La defensa argumentó que la exfuncionaria cuenta con un amparo federal otorgado por un Juzgado de Distrito en Nuevo Laredo para proteger determinados datos personales y, con base en ello, pidió que la diligencia se realizara sin presencia de medios de comunicación y que no se continuara publicando información sobre el procedimiento.
Tras analizar la petición, la jueza resolvió que el amparo únicamente protege información considerada sensible, como el nombre completo, domicilio, estado de salud, ocupación y otros datos personales, por lo que determinó que la audiencia permaneciera abierta al público, reservando únicamente la parte en la que se abordarían esos aspectos.
Superado ese punto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación en contra de YAC por ocho hechos relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de despensas durante su gestión al frente de la Secretaría de Bienestar Social.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, uno de los contratos corresponde a la compra de 2.4 millones de despensas con un valor cercano a 600 millones de pesos, mientras que una segunda adquisición comprende 1.49 millones de paquetes alimentarios por aproximadamente 385.2 millones de pesos.
En conjunto, las operaciones representan alrededor de 3.89 millones de despensas por un monto superior a 985 millones de pesos.
La Fiscalía sostuvo que ambos procedimientos fueron realizados mediante adjudicación directa, pese a que los montos excedían ampliamente los límites establecidos para ese mecanismo de contratación, sin recurrir al procedimiento de licitación pública.
Proceso seguirá la próxima semana
Una vez presentada la imputación, la exfuncionaria solicitó acogerse al plazo constitucional de 144 horas para preparar su defensa, por lo que la jueza fijó la continuación de la audiencia para el 1 de julio de 2026, a las 13:00 horas, en la Sala C del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Durante la audiencia también se informó que los delitos atribuidos contemplan penas que podrían alcanzar hasta 14 años de prisión cada uno, por lo que, en caso de acreditarse responsabilidad en los ocho hechos imputados, las sanciones podrían acumularse.
Asimismo, la Fiscalía solicitó que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, petición que será analizada en la siguiente etapa del proceso.
Antes de concluir la parte pública de la audiencia, la jueza ordenó desalojar a los representantes de los medios de comunicación para continuar con la revisión de información protegida por el amparo federal.
Al término de la diligencia, YAC aseguró que siempre ha enfrentado públicamente los procesos legales en los que se ha visto involucrada y negó haber intentado ocultarse de la opinión pública.
«Siempre he sido una mujer que da la cara», declaró al salir de la audiencia.
Sin embargo, esa postura contrastó con la estrategia jurídica planteada previamente por su defensa, que buscó limitar la publicidad del procedimiento y restringir la difusión de su identidad, peticiones que finalmente fueron desechadas por la autoridad judicial.
La situación jurídica de la exsecretaria será definida durante la audiencia programada para el próximo 1 de julio, cuando la jueza determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.
