Redacción En Activo
Ciudad de México.- Con el objetivo de poner fin a las demoras en la atención a usuarios, el diputado federal del PAN, Alan Sahir Márquez Becerra, presentó una iniciativa para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a responder solicitudes, trámites y gestiones ciudadanas en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
La propuesta plantea adicionar el artículo 66 Bis a la Ley del Sector Eléctrico para establecer que la empresa productiva del Estado deberá emitir respuestas fundadas y motivadas, ya sea por escrito o mediante medios electrónicos, explicando claramente las razones legales de cada determinación.
Además, contempla que si la CFE no responde dentro del plazo establecido, se presumirá procedente la solicitud presentada por el usuario, siempre y cuando no contravenga disposiciones legales o técnicas aplicables.
El legislador argumentó que actualmente miles de usuarios enfrentan retrasos e incluso la falta total de respuesta a reportes, solicitudes de información, aclaraciones por cobros excesivos o gestiones relacionadas con el servicio eléctrico.
“La ausencia de tiempos máximos de respuesta genera incertidumbre jurídica para la ciudadanía y afecta la confianza en la institución”, señala la iniciativa.
La propuesta también obliga a la CFE a informar cuando un trámite requiera más tiempo por razones técnicas, estableciendo una fecha específica para emitir la respuesta definitiva, la cual no podrá exceder los 20 días hábiles.
Asimismo, se plantea la creación de mecanismos accesibles para que los usuarios puedan consultar el estado de sus solicitudes, garantizando transparencia y seguimiento durante todo el proceso.
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, entre 2021 y 2025 la CFE acumuló alrededor de 37 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), muchas relacionadas con errores de facturación, cobros extraordinarios y negativas para corregir cargos indebidos.
Márquez Becerra sostuvo que la reforma busca fortalecer los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y certeza jurídica, colocando en el centro el derecho de los ciudadanos a recibir una atención oportuna por parte de una institución que presta uno de los servicios públicos más importantes del país.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
