Monterrey, Nuevo León.– El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para que el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Finanzas informen los criterios técnicos y la metodología utilizada para determinar el monto del Impuesto por la Emisión de Contaminantes aplicado a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), así como las razones del incremento cercano al 30 por ciento reportado en 2025.
La propuesta fue presentada por la diputada del PAN, Myrna Grimaldo Iracheta, quien solicitó además un informe detallado sobre el destino de los recursos recaudados en los ejercicios fiscales 2024 y 2025 por concepto del llamado “Impuesto Verde” y otros gravámenes ecológicos previstos en la Ley de Hacienda del Estado.
De acuerdo con información difundida, AyD habría pagado aproximadamente mil 300 millones de pesos en 2025 por el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua, lo que representaría el monto más alto desde su entrada en vigor en diciembre de 2021.
La legisladora señaló que, de confirmarse estas cifras, resulta necesario transparentar el uso de los recursos, especialmente cuando los usuarios han enfrentado incrementos en las tarifas del servicio.
Indicó que la tarifa promedio general aumentó 8.1 por ciento entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, bajo el argumento de cubrir costos de energía, servicios personales y mantenimiento de infraestructura.
Grimaldo Iracheta también advirtió que persisten problemas en el servicio, como pérdidas de agua por fugas en la red, interrupciones en el suministro y episodios de turbiedad, lo que ha generado inconformidad entre la población.
La diputada planteó que, si una parte significativa de los ingresos obtenidos por tarifas es trasladada al Estado mediante este impuesto sin claridad en su destino, podría generarse la percepción de un flujo circular de recursos que impacte indirectamente a los mismos usuarios.
Por ello, subrayó la importancia de garantizar que los recursos recaudados se destinen efectivamente a programas y acciones ambientales, bajo criterios de legalidad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
El Punto de Acuerdo fue avalado con 29 votos a favor.
