La Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para que los despachos de abogados, consultores y profesionistas externos que participen en decisiones públicas también tengan responsabilidad administrativa cuando incurran en irregularidades.
La también Presidenta de la Comisión de Anticorrupción explicó que actualmente la ley establece responsabilidades para las personas servidoras públicas, pero deja vacíos legales cuando se trata de particulares que, sin tener un nombramiento formal, intervienen en la elaboración de dictámenes, estudios técnicos, asesorías o recomendaciones que influyen en decisiones oficiales.
«Garantizar el derecho humano a la buena administración pública implica asegurar que las decisiones del Estado sean imparciales, objetivas, transparentes y motivadas. Si la voluntad estatal puede ser influida por particulares, la exigencia de responsabilidad también debe alcanzarles», manifestó.
«La propuesta legislativa plantea incorporar a la ley la figura del ‘Particular vinculado a la función pública’, a fin de establecer mecanismos claros de responsabilidad para aquellas personas físicas o morales que, sin ostentar formalmente un cargo público, intervienen de manera sustantiva en la preparación, diseño, asesoría, dictamen, ejecución o evaluación de decisiones administrativas», agregó.
La iniciativa de reforma que fue presentada ante el Pleno durante la sesión ordinaria contempla modificar los artículos 3, 21,72 Bis y 81, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
Serrato Flores expuso casos prácticos y reales en los que es posible advertir la participación o incidencia de particulares en decisiones públicas.
«En el caso del programa Bosques Ciudadanos y Convenio con Reforestación Extrema A.C. cuando la compensación obligatoria no pasa por el erario público y se canaliza directamente a una A.C. mediante convenio oficial, ese particular co-determina qué acciones cuentan como cumplimiento de la obligación ambiental y, de facto, incide en la política pública de reforestación urbana», apuntó.
Serrato Flores explicó que con el paso del tiempo la administración pública ha recurrido cada vez más a la contratación de servicios profesionales externos para tareas técnicas, jurídicas y administrativas. Para el ejercicio fiscal 2025, bajo el concepto «Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales», cinco dependencias estatales contemplan más de 110 millones de pesos en presupuesto para contratación de servicios externos.
«Existen casos donde personas sin nombramiento formal intervienen de manera sustantiva en el diseño, preparación o ejecución de decisiones públicas. Esto genera una paradoja: pueden influir en la voluntad del Estado, pero no están sujetos al mismo régimen de responsabilidades», explicó.
Serrato detalló que se aplicarían sanciones cuando se ejerza influencia determinante sobre servidores públicos, se emitan dictámenes falsos, incompletos o sesgados utilizados como base de decisiones oficiales, se ofrezcan o reciban beneficios para influir en decisiones administrativas.
