El diputado local presentó ante el pleno un exhorto que fue aprobado por unanimidad a la Fiscalía General de Justicia del Estado y las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal para que en coordinación con el Gobierno Federal implementen acciones específicas y verificables para combatir la extorsión que se origina desde los centros penitenciarios del Estado.
De acuerdo con los reportes oficiales de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en 2025, Nuevo León alcanzó un récord histórico en delitos de extorsión, con 879 carpetas de investigación abiertas del 1 de enero al 30 de noviembre, superando el máximo histórico previo de 866 casos en 2024.
Nuevo León ha registrado cinco años consecutivos con extorsión al alza desde 2020, ha sumado más de 8,200 delitos de extorsión en el periodo de 2008 a 2025. Este incremento ha sido mayor que en muchas otras entidades federativas, colocándolo regularmente entre las primeras posiciones nacionales en incidencia de este delito.
Esta perspectiva reconoce que la extorsión afecta no solo la integridad de las personas y sus familias, sino también la actividad productiva y la inversión, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el motor de la economía local.
«La extorsión lastima directamente la economía familiar y la actividad productiva. Combatirla exige inteligencia, coordinación entre órdenes de gobierno y acciones verificables que protejan a las víctimas y corten de raíz las redes criminales que operan desde los centros penitenciarios», señaló el legislador.
Es por ello, que a través de este exhorto se exige una respuesta integral del Estado, en estrecha coordinación con la política nacional de seguridad liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha promovido reformas legales y estrategias específicas para combatir este delito a nivel nacional, incluyendo una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión con penas más severas y mecanismos de persecución de oficio.
Con este exhorto, se busca fortalecer una respuesta institucional integral y coordinada que reduzca de manera efectiva la extorsión en Nuevo León, proteja a las personas y a las MIPyMEs, y restablezca condiciones de seguridad, confianza e inversión indispensables para la paz social y el desarrollo económico del Estado.
