Redacción En Activo
Ciudad de México.- La falta de una denuncia formal no debería impedir que una mujer en peligro reciba protección de las autoridades. Bajo ese planteamiento, el diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso crear un mecanismo nacional que permita detectar amenazas de feminicidio y activar medidas de seguridad antes de que la violencia llegue a consecuencias irreparables.
La iniciativa busca cambiar la forma en que las instituciones responden ante situaciones de violencia: en lugar de esperar a que la víctima formalice una denuncia, las autoridades podrían intervenir cuando tengan conocimiento de hechos concretos que permitan identificar un riesgo.
Para ello, plantea establecer la Cédula Nacional de Riesgo Feminicida, una herramienta obligatoria que deberán utilizar las autoridades administrativas, policiales, ministeriales y judiciales para determinar el nivel de peligro que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas.
La evaluación serviría para establecer medidas de protección de acuerdo con la gravedad de cada caso. El proyecto contempla un esquema de atención con acciones mínimas obligatorias para cada nivel de riesgo, sin limitar la posibilidad de que las instituciones adopten otras medidas cuando sean necesarias. También prevé valoraciones médicas y psicológicas.
Uno de los cambios propuestos apunta a evitar que la información sobre antecedentes de violencia quede aislada entre dependencias. Antes de emitir, modificar, negar o suspender una orden de protección, las autoridades tendrían que consultar el Registro Nacional correspondiente para conocer si existen medidas previas y dar seguimiento a su cumplimiento.
La iniciativa también contempla una respuesta específica cuando un agresor desobedezca una orden vigente: la autoridad deberá repetir la evaluación de riesgo y otorgar las medidas de protección que correspondan. Si el servidor público omite esa actuación, podría incurrir en abuso de funciones.
El planteamiento alcanza también a los servicios de emergencia. Cuando los Centros de Comando y Control reciban llamadas por violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, deberán consultar el registro nacional y transmitir a la instancia que atienda el caso la información sobre las órdenes vigentes y el nivel de riesgo identificado.
En el ámbito penal, Delgado Carrillo propone aumentar hasta en una tercera parte la sanción por feminicidio cuando el responsable haya cometido el delito pese a tener una medida u orden de protección vigente en su contra. Actualmente, el Código Penal Federal establece penas de 40 a 60 años de prisión, además de multas de 500 a mil días.
El legislador precisó que la cédula no tendría la misma función que la Alerta AMBER o el Protocolo Alba, mecanismos destinados a apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. La diferencia, explicó, es que el nuevo instrumento actuaría antes de que ocurra la desaparición o una agresión mortal, mediante la identificación del peligro y la intervención obligatoria de las autoridades.
Como parte de la exposición de motivos, la iniciativa señala que en 2025 se registraron 721 feminicidios en México. También advierte que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, apenas el 10.5 por ciento de las mujeres que experimentan violencia presenta una denuncia formal.
Para establecer este mecanismo se plantean modificaciones a cuatro ordenamientos federales: las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Responsabilidades Administrativas, así como al Código Penal Federal.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana para dictamen, y a la Comisión de Justicia para opinión. Su aplicación dependerá de que las reformas sean discutidas y aprobadas durante el proceso legislativo.

