Redacción En Activo
Monterrey, Nuevo León.– La presunta circulación de recursos públicos por una red de empresas hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con familiares del gobernador Samuel García llegó al Congreso de Nuevo León, donde se pidió a autoridades financieras y de procuración de justicia investigar las operaciones y determinar posibles responsabilidades.
La diputada del PAN, Claudia Caballero Chávez, presentó un exhorto dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior del Estado para que den seguimiento legal a las irregularidades que, señaló, fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la legisladora, el esquema documentado por la ASF involucra aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos. Según su exposición, los recursos habrían sido transferidos inicialmente a empresas proveedoras, constructoras y prestadoras de servicios, para después circular entre distintas personas morales hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con familiares de servidores públicos.
Caballero Chávez sostuvo que el monto obliga a esclarecer quiénes participaron en las operaciones, cuál fue el origen del dinero y dónde terminó, además de establecer si existió un daño a las finanzas públicas.
La diputada también dimensionó el monto mediante ejemplos de infraestructura: afirmó que esos recursos representarían una cantidad suficiente para financiar varios kilómetros de líneas del Metro e incluso una parte sustancial de los proyectos de las líneas 4 y 5.
En materia presupuestal, cuestionó que el Gobierno estatal argumente limitaciones financieras para atender necesidades de instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía, así como los requerimientos de los organismos electorales rumbo a 2027. Añadió que una parte del monto señalado podría cubrir una proporción importante del costo del próximo proceso electoral.
La legisladora consideró necesario que las autoridades competentes revisen las operaciones hasta esclarecer su trazabilidad y, en caso de encontrar elementos, determinen las responsabilidades correspondientes. También sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos.
El exhorto se suma a los cuestionamientos sobre el manejo financiero del Gobierno estatal, en un contexto de discusión del Presupuesto 2027 y de reclamos de municipios por recursos que aseguran tener pendientes de recibir.
Las transferencias y su eventual destino constituyen señalamientos que deberán ser esclarecidos por las instancias fiscalizadoras y de investigación; la exposición de la diputada no equivale por sí misma a una resolución sobre responsabilidades o daño patrimonial.
