Redacción En Activo
Monterrey, Nuevo León.- Con adeudos estatales que, aseguró, siguen sin resolverse desde 2025, el alcalde Adrián de la Garza llevó al Congreso de Nuevo León un reclamo para que el Paquete Fiscal 2027 incluya mecanismos que obliguen a entregar oportunamente los recursos correspondientes a los municipios.
Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto, el edil advirtió que los ayuntamientos enfrentan responsabilidades crecientes sin recibir necesariamente los fondos que les corresponden, lo que termina presionando sus finanzas y limitando su capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.
De la Garza señaló que Monterrey ha tenido que cubrir con recursos propios servicios y trabajos que corresponden a otros niveles de gobierno. Entre ellos mencionó la operación del programa de transporte público Regio Ruta, el mantenimiento de escuelas estatales y federales, así como reparaciones de infraestructura de agua y drenaje que quedaron inconclusas o abandonadas.
El alcalde sostuvo que su administración ha mantenido disciplina financiera y no ha contratado deuda durante los ocho años de los gobiernos municipales que ha encabezado, pese a las inversiones realizadas en seguridad, movilidad y servicios públicos.
Sin embargo, puso sobre la mesa dos pendientes que, afirmó, afectan directamente al municipio: los fondos de fortalecimiento municipal que siguen sin entregarse desde 2025 y las multas municipales cobradas por el Instituto de Control Vehicular que no han sido restituidas al Ayuntamiento.
Sobre los recursos pendientes, informó que Monterrey ya presentó denuncias contra el Gobierno del Estado y contra quien resulte responsable. También cuestionó que se argumente la falta de proyectos para justificar la retención de fondos de 2026, cuando, dijo, todavía existen pagos del ejercicio anterior sin cubrir.
Ante los legisladores, planteó tres medidas para incorporarlas al presupuesto estatal: asegurar la entrega puntual de las participaciones y fondos municipales; establecer controles de transparencia para vigilar el destino del gasto; y reforzar la fiscalización mediante herramientas legales y administrativas que permitan supervisar el uso de los recursos públicos.
El edil insistió en que el dinero público debe ejercerse de manera eficiente y conforme a la ley, con vigilancia suficiente para impedir que termine en cuentas personales de funcionarios.
En la reunión también participaron alcaldes y representantes de San Nicolás, Santiago, Escobedo, Guadalupe, García y San Pedro, quienes expusieron necesidades de sus respectivos municipios.
Las estimaciones de diputados locales ubican el presupuesto de Nuevo León para 2027 en alrededor de 177 mil millones de pesos.
