Por Salvador Valadez C.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los juicios civiles y familiares en Tamaulipas comenzarán a transitar hacia un modelo oral a partir de abril de 2027, con el objetivo de reducir hasta 70 por ciento los tiempos de resolución y agilizar la atención de los asuntos judiciales.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, explicó que la transformación se aplicará de manera gradual: iniciará en la región de Ciudad Victoria y posteriormente llegará a las demás zonas de la entidad.
La oralidad ya opera en los juicios mercantiles, por lo que la siguiente etapa contempla incorporar las materias civil y familiar, conforme a los lineamientos del Código Nacional.
Contreras López señaló que el cambio permitirá dejar atrás parte de los procedimientos tradicionales y avanzar hacia audiencias orales, con procesos más ágiles y una respuesta judicial en menor tiempo.
De acuerdo con las estimaciones del Poder Judicial, la reducción en la duración de los juicios podría ubicarse entre 60 y 70 por ciento, lo que representaría una mejora en la oportunidad y eficacia de la impartición de justicia.
La magistrada detalló que en la región de Victoria se reciben entre seis mil y siete mil expedientes al año. Al considerar las seis regiones judiciales, el volumen estatal alcanza aproximadamente 36 mil asuntos anuales.
Respecto al rezago, indicó que una parte importante está relacionada con la presentación de recursos que detienen el avance de los procedimientos. Para medir y atender estos tiempos, el Poder Judicial implementó un sistema de seguimiento que registra cuánto tarda cada juzgador en responder a las promociones y emitir acuerdos o sentencias, mediante un esquema de semaforización.
La presidenta del Tribunal también adelantó que, después del periodo vacacional, se presentará un proyecto de apertura digital para que las personas involucradas en un juicio puedan consultar desde sus teléfonos celulares la información de sus expedientes.
La propuesta, afirmó, forma parte de una estrategia para fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios del Poder Judicial.
