Redacción En Activo
Ciudad de México. – La expansión de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización encendió una alerta en el Congreso de la Unión por sus posibles efectos en el empleo formal. El diputado de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, advirtió que ya se han perdido puestos de trabajo, aunque reconoció que todavía no existe una cifra cuantificada.
El legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las cámaras de comercio, a evaluar cómo estas herramientas están transformando las condiciones laborales y la competencia entre empresas.
Carvajal Hidalgo sostuvo que el uso de sistemas de IA permite reducir costos, acelerar procesos y mejorar la eficiencia de los sectores productivos y de servicios. Sin embargo, advirtió que la automatización representa un desafío para las actividades basadas en tareas repetitivas y estandarizadas.
Como ejemplo, señaló que algunos negocios dedicados a la venta de mercancías y al abasto popular han registrado un crecimiento cercano al 30 por ciento en un año, según su exposición, mediante procesos de distribución y análisis apoyados en estas tecnologías.
A su juicio, esta ventaja puede ampliar las diferencias entre grandes corporativos y pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales podrían perder mercado o verse obligadas a cerrar ante la competencia de negocios con mayor capacidad tecnológica.
El diputado consideró que México necesita avanzar hacia un marco jurídico para definir las condiciones de uso de la Inteligencia Artificial, sus alcances y los límites de acceso a determinadas herramientas, particularmente cuando su utilización implique riesgos o consecuencias de gran trascendencia.
También planteó que las autoridades analicen los efectos de la automatización en la capacitación laboral y la estabilidad económica de las familias, con el propósito de anticipar los cambios que estas tecnologías pueden provocar en el mundo del trabajo.
La propuesta busca abrir una coordinación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial para estudiar el fenómeno y establecer medidas frente a sus repercusiones en el empleo formal.
