Redacción En Activo
Monterrey, Nuevo León.- Que las zanjas que dejan abiertas las obras públicas no terminen convertidas en un problema permanente para los municipios, es el objetivo de una iniciativa impulsada por la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores.
Desde el Congreso de Nuevo León, la legisladora propuso modificar distintas disposiciones legales para obligar a quienes intervengan la vía pública a hacerse cargo de la reparación completa de las superficies afectadas.
Serrato Flores advirtió que uno de los problemas recurrentes es que una vialidad recién construida o rehabilitada vuelve a ser abierta para realizar trabajos y posteriormente queda con pavimento deteriorado, excavaciones o reparaciones inconclusas.
«Tenemos que combatir las zanjas que quedan abiertas a raíz de reparaciones estatales y federales, porque terminan heredando el problema a los municipios y complicando la movilidad de los ciudadanos», afirmó.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Protección Civil y la legislación relacionada con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
Uno de los puntos específicos establece que, una vez terminados los trabajos de Agua y Drenaje, deberá realizarse el relleno y compactación de las excavaciones, además de restituir el pavimento afectado.
La obligación también alcanzaría a empresas y organismos que realicen trabajos sobre las vialidades, quienes tendrían que señalizar correctamente las zonas intervenidas, informar a los municipios sobre las obras y notificar cuando hayan concluido.
El planteamiento busca que la reparación se realice bajo las especificaciones técnicas y dentro de los plazos que determine cada municipio.
«No podemos permitir que una vialidad que acaba de ser construida o rehabilitada vuelva a ser destruida sin una justificación y sin garantizar que será reparada correctamente», sostuvo la legisladora.
Además de las obligaciones de reparación, las reformas plantean mecanismos de inspección, vigilancia y verificación, así como sanciones para quienes incumplan con la restitución de las vialidades.
Serrato Flores insistió en que los ayuntamientos no deben terminar destinando recursos propios para corregir daños provocados por obras ejecutadas por otras autoridades u organismos.
«Los municipios no pueden seguir recibiendo como herencia las zanjas, el pavimento deteriorado y los problemas de movilidad que dejan otras autoridades u organismos. Quien abre una vialidad para realizar una obra debe hacerse responsable de dejarla en las condiciones adecuadas», expresó.
La iniciativa busca además mejorar la coordinación entre el Estado, los municipios y los organismos operadores, con la finalidad de reducir el deterioro de las calles y evitar que las intervenciones en la vía pública terminen generando nuevos problemas de movilidad.
