Redacción En Activo
Monterrey, Nuevo León.– El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para que el Gobierno estatal y el ISSSTELEÓN atiendan de manera urgente el adeudo que mantienen con maestras y maestros jubilados de la Sección 50, cuyo monto supera los mil millones de pesos, de acuerdo con los propios afectados.
La coordinadora del Grupo Legislativo del PRD y presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, señaló que el reclamo de los docentes no es nuevo y que durante los últimos años han recurrido a manifestaciones, mesas de diálogo y recientemente a la vía jurisdiccional para exigir el cumplimiento de las prestaciones que consideran les corresponden.
“No están solos. Su exigencia ha sido escuchada en esta tribuna y continuaremos acompañando la petición de que se cubra aquello que legalmente corresponda y se dé una solución definitiva a un conflicto que lamentablemente se ha prolongado demasiado”, afirmó.
Entre las prestaciones reclamadas se encuentra un incremento de 6.43 por ciento en las pensiones, además de los pagos retroactivos acumulados durante los últimos años.
La legisladora destacó que la situación llevó a los jubilados a presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, respaldada por 8 mil 667 docentes. De acuerdo con sus representantes, el número de afectados podría acercarse a los 9 mil.
Villarreal Valdez consideró que no se trata de una petición extraordinaria, sino del reclamo de personas que dedicaron décadas de su vida a la educación y que ahora buscan el cumplimiento de derechos que consideran legalmente adquiridos.
“No estamos hablando de un capricho ni de una petición extraordinaria. Estamos hablando de mujeres y hombres que dedicaron buena parte de su vida a las aulas y que hoy reclaman una parte de su patrimonio, construido después de décadas de servicio”, enfatizó.
La diputada calificó como contradictorio que se reconozca públicamente la importancia de las maestras y maestros y, al mismo tiempo, quienes ya concluyeron su vida laboral tengan que enfrentar un proceso prolongado para obtener el cumplimiento de sus derechos.
El acuerdo aprobado por los legisladores también contempla exhortar al Tribunal de Justicia Administrativa para que dé cauce al procedimiento promovido por las y los afectados, con imparcialidad, respeto al debido proceso y bajo el principio de justicia pronta y expedita.
