Redacción En Activo
Ciudad de México.– Las personas que busquen un cargo de elección popular podrían estar obligadas a registrar sus compromisos de campaña en un padrón público nacional y, si resultan electas, rendir informes anuales sobre su cumplimiento ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta fue presentada por la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, quien plantea reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política para establecer este mecanismo.
De acuerdo con la iniciativa, el registro sería operado por el INE, que tendría la responsabilidad de publicar los compromisos asumidos por las personas candidatas y dar seguimiento a aquellos que correspondan a quienes resulten electos.
Los informes deberán presentarse anualmente y acompañarse de documentos y elementos que permitan demostrar el grado de cumplimiento de cada compromiso. En los casos en que alguna promesa no pueda concretarse, también deberán explicarse las causas.
La propuesta contempla que la autoridad electoral informe a la ciudadanía sobre el seguimiento de los compromisos y dé cuenta a las autoridades de responsabilidades administrativas correspondientes, así como al Congreso local, respecto del informe final de los compromisos de campaña de los servidores públicos.
Rubio Fernández argumentó que actualmente la legislación no establece un mecanismo para dar seguimiento a las propuestas, promesas y compromisos que las personas candidatas realizan durante las campañas electorales.
Consideró que estos compromisos representan una carta de presentación ante el electorado y uno de los elementos que deberían permitir a la ciudadanía definir sus preferencias.
La legisladora sostuvo que contar con información pública sobre las propuestas y conocer posteriormente qué tanto fueron cumplidas contribuiría también a fortalecer la educación cívica, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información.
La iniciativa busca que la creación de este registro público nacional quede establecida desde la Constitución, para posteriormente contar con un mecanismo permanente de seguimiento por parte de la ciudadanía.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
