Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas rechazó que exista persecución política contra la empresa Grupo Empresarial Dalka y sostuvo que las acciones emprendidas derivan de un litigio legal iniciado hace más de tres años por presuntos incumplimientos contractuales.
En conferencia de prensa, el consejero jurídico de la Oficina del Gobernador, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que la administración estatal ha actuado conforme a derecho y aseguró que en ningún documento oficial del proceso existen acusaciones relacionadas con presuntos cobros indebidos o solicitudes de beneficios económicos.
“No hay ninguna persecución política”, puntualizó el funcionario estatal al referirse a las declaraciones realizadas recientemente por representantes de la empresa.
Explicó que el caso se originó a partir del contrato firmado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas, el cual fue rescindido por el Gobierno del Estado al considerar que la empresa incumplió con la presentación de las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Tras la rescisión, Grupo Empresarial Dalka promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, García Barrientos recordó que, aunque inicialmente una sala unitaria resolvió a favor de la empresa, el Pleno del Tribunal revocó por unanimidad dicha resolución y ordenó la reposición del procedimiento, determinación que posteriormente fue confirmada por autoridades federales mediante un juicio de amparo.
El consejero jurídico señaló que las afirmaciones realizadas por el representante de la empresa en medios de comunicación durante los últimos días no forman parte de los expedientes judiciales ni fueron consideradas dentro de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones realizadas en medios de comunicación”, expresó.
Respecto a la investigación penal que enfrenta el propietario y representante legal de la empresa, indicó que ésta surgió a partir de inconsistencias detectadas durante los procedimientos legales y no por diferencias políticas o personales.
Detalló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó información a la afianzadora encargada de emitir las pólizas relacionadas con el contrato y detectó discrepancias entre las fechas asentadas en la demanda y la información proporcionada por la institución financiera.
Según explicó, mientras que en el juicio administrativo se argumentó que las pólizas fueron entregadas el mismo día de la firma del contrato, la afianzadora reportó que dichos documentos fueron expedidos casi un mes después.
“Fue precisamente esa contradicción documental la que dio origen a la investigación. No se trata de opiniones ni de diferencias políticas; se trata de hechos contenidos en expedientes oficiales”, señaló.
García Barrientos también descartó que exista alguna restricción a la libertad de movimiento del empresario involucrado y aseguró que no existe medida cautelar de arraigo en su contra.
Incluso reveló que el pasado 3 de junio la representación de la empresa solicitó una pausa en una audiencia judicial para explorar una posible conciliación con el Gobierno del Estado, por lo que el representante acudió personalmente a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con autoridades estatales.
“El hecho demuestra que no existe ninguna limitación para desplazarse libremente y acredita la disposición institucional para escuchar y atender a todas las partes dentro de los cauces legales correspondientes”, afirmó.
Finalmente, el consejero jurídico reiteró que el Gobierno del Estado continuará defendiendo el interés público y el uso responsable de los recursos públicos, al tiempo que sostuvo que serán las autoridades competentes quienes determinen el fondo del asunto.
“Las decisiones de la justicia no se construyen en entrevistas o conferencias de prensa, sino con hechos, pruebas y resoluciones emitidas por las autoridades competentes”, concluyó.
