El Congreso local aprobó la nueva Ley de Educación para actualizar el marco legal ante las nuevas realidades que viven los alumnos en el sistema educativo estatal, que incorpora la educación inclusiva, equitativa y de calidad, se regula el uso de celulares para fines educativos, además fomenta el uso de las tecnologías y el desarrollo integral de los estudiantes.
Desde la tribuna, la Presidenta de la Comisión Educación en el Poder Legislativo, Perla Villarreal Valdez, explicó que la Ley de Educación actual, que data del año 2000, ya cumplió con los objetivos para los que fue concebida, y destacó que esta nueva legislación es resultado de más de un año de trabajo, diálogo y consenso entre autoridades, especialistas, docentes y sociedad civil.
«El día de hoy, esta Ley responde a las necesidades del sistema educativo estatal. Reconoce sus derechos y establece la obligación de atender sus requerimientos. Porque si realmente queremos una educación para todos, no podemos dejar a nadie atrás», afirmó.
«No se trata de un capricho institucional. Se trata de cumplir con el interés superior de la niñez y de garantizar sus derechos humanos. Esta propuesta, no lleva tintes partidistas, se construyó con los lineamientos de todos y cada uno de ustedes y de la sociedad en general, incluso con la misma Secretaría de Educación», aseveró
La legisladora subrayó que la ley representa un cambio de visión al reconocer que la educación no solo implica la enseñanza de contenidos, sino la formación integral de las personas, con un enfoque inclusivo y humano, quienes atestiguaron la presentación y votación de la norma.
«Que la educación no es un trámite, es una oportunidad de vida», afirmó.
«Que nunca más alguien tenga que escuchar que no hay lugar para él o para ella en una escuela. Que nunca más una condición, una discapacidad o una circunstancia sea motivo de exclusión. Que la educación en Nuevo León sea, verdaderamente, para todas y todos», remarcó.
El dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte que consta de 215 artículos, así como 15 transitorios fue presentado ante el Pleno por los legisladores Perla Villarreal, Cecilia Robledo, Aile Tamez y José Luis Santos.
La nueva legislación destaca por su compromiso con la educación inclusiva, ya que, se establece la implementación de programas de enseñanza de LSM en los planes de estudio para fomentar la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva.
Se crea el Registro Educativo para la Neurodivergencia (RENE), destinado a orientar el diseño de apoyos específicos para estudiantes con TEA y otras condiciones.
La ley contempla capacitación para el personal docente y administrativo en materia de salud mental, con el fin de detectar oportunamente riesgos de ansiedad, depresión o conductas suicidas. Además, se impulsa la presencia de profesionales de la psicología en los planteles públicos de educación básica.
Atendiendo las demandas del siglo XXI, la normativa incorpora contenidos vanguardistas en todos los niveles educativos como cultura digital e IA, se promoverá el conocimiento sobre inteligencia artificial, pensamiento computacional e innovación tecnológica.
Además, se respalda legalmente el modelo de educación dual para fortalecer la formación técnica de los jóvenes y vincularlos con el sector productivo.
En cuanto al tema de educación financiera: se integrarán programas sobre finanzas personales, ahorro, inversión y emprendimiento desde la educación básica.
La ley también incluye disposiciones prácticas para garantizar el acceso y la permanencia escolar, ya que, se fomenta la cultura de reutilización de útiles escolares y se establece la obligación del Estado de publicar las listas oficiales con anticipación (marzo de cada año) para facilitar la planeación familiar. Asimismo, se eleva a rango legal el derecho a uniformes y calzado escolar gratuito.
Se promueve el uso de mochilas transparentes como medida preventiva y se faculta a la autoridad para contratar seguros contra daños y robos en los planteles.
Se prohíbe estrictamente negar el acceso a las aulas a estudiantes con sus hijos menores de dos años, garantizando espacios de lactancia y flexibilidad académica.
Para los maestros, la ley prioriza la reducción de la carga administrativa para favorecer el tiempo efectivo frente a grupo y garantiza asesoría legal ante situaciones de conflicto derivadas de su función pedagógica.
La legislación reconoce los derechos de pueblos originarios e indígenas, al contemplar acciones para garantizar educación pertinencia cultural y lingüística.
Para enriquecer la norma se realizaron mesas de trabajo sobre educación dual, menstruación digna, transporte escolar y educación superior, así como consultas con personas con discapacidad, cuyos testimonios evidenciaron rezagos en materia de accesibilidad.
Se presentó una reserva para incluir el uso de las mochilas transparentes que se votó a favor.
