El Diputado local del PRI, Fernando Aguirre Flores presentó una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, para incorporar programas de fomento a la lectura que permitan reducir parte de la pena a las personas privadas de la libertad.
La propuesta que fue presentada en tribuna, plantea modificar la fracción IV del artículo 144 de la legislación federal para que los programas de desarrollo educativo a través de la lectura puedan considerarse como un mecanismo válido para la sustitución de la pena privativa de la libertad, siempre que exista una evaluación favorable por parte de las autoridades penitenciarias y el juez de ejecución.
El legislador tricolor destacó que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aproximadamente 130 mil personas se encuentran privadas de la libertad, tan solo en Centros Penitenciarios Federales, de los cuales 10 mil 671 son de Nuevo León.
«La presente iniciativa busca un objetivo sencillo, pero de alto impacto: prever la sustitución de la pena privativa de la libertad cuando las personas privadas de su libertad participen en programas de fomento a la lectura», expresó el diputado.
«Este tipo de políticas públicas abonan al mejoramiento de la paz, la prevención del delito y la reinserción social. La lectura es una herramienta de transformación personal que permite estimular la mente, fomentar la reflexión y generar nuevas oportunidades de readaptación», señaló.
Aguirre Flores explicó que la propuesta toma como referencia experiencias exitosas implementadas en Brasil, donde desde 2012 se han desarrollado programas que permiten reducir días de condena a cambio de la lectura y comprensión de libros, práctica reconocida por la UNESCO como una política pública con resultados positivos.
«Las personas privadas de la libertad podrían seleccionar libros de la biblioteca penitenciaria, elaborar una reseña para demostrar su comprensión y someterla a evaluación por un comité especializado. Con base en ese proceso, podrían obtener reducciones de pena dentro de los límites establecidos por la ley», agregó.
«Se deberán diseñar e implementar bibliotecas penitenciarias y establecer parámetros objetivos para la reducción de la pena; siendo que los beneficios estarán limitados a un máximo de 30 días por año, garantizando un equilibrio entre la finalidad de la pena y el incentivo educativo», añadió.
El legislador destacó que el diseño y ejecución de estos programas podría realizarse en coordinación con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Legislación para su estudio y dictamen, en caso de ser aprobada será remitida al Congreso de la Unión.
