Al cumplirse este lunes cuatro años de la muerte del niño Ángel Moreno en las instalaciones del DIF Fabriles, Cecilia Robledo Suárez, diputada del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la propuesta se busca que los menores de edad cuenten con medidas que resguarden su seguridad integral y se dé seguimiento a su integración a la vida adulta con el objeto de favorecer su autonomía, inclusión social y ejercicio de derechos.
A estas propuestas de modificación se le denominaron «Ley Ángel», en honor Ángel Moreno, que buscan fortalecer la supervisión, elevar los estándares de cuidado, garantizar atención médica y alimentación adecuada, proteger la información de niñas, niños y adolescentes, y abrir canales reales para que puedan ser escuchados dentro de las instituciones que los resguardan.
Al hacer uso de la Tribuna Robledo Suárez recordó que Ángel Moreno ingresó al sistema de protección siendo apenas un niño; durante más de diez años vivió bajo el resguardo de instituciones públicas, no estaba solo, no estaba abandonado; estaba bajo la custodia directa del Estado, que tenía la obligación de cuidarlo.
«Su muerte ocurrió en un lugar que debía ser seguro, y con el paso del tiempo, quedó claro que no sólo hubo fallas en el cuidado, sino una ausencia grave de mecanismos eficaces para proteger, supervisar y responder de manera oportuna ante una situación crítica.
«Las autoridades determinaron posteriormente que su fallecimiento no fue una muerte natural; los organismos de derechos humanos acreditaron la violación a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad, a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez.
Robledo Suárez refirió que aunque existen resoluciones claras, todavía hay pendientes que duelen y que no pueden ignorarse: la verdad completa, la reparación y la garantía real de que esto no vuelva a repetirse.
Cuando el Estado falla en su deber de cuidado, destacó, no puede haber indiferencia ni silencio. Tenemos la obligación de revisar qué salió mal y, sobre todo, de corregirlo con responsabilidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Familia y Derechos de la Primera Infancia, Niñas, Niños y Adolescentes.
