El diputado local, durante la sesión permanente presentó ante el Pleno una propuesta de reforma a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León para reconocer legalmente los corredores ecológicos y establecer criterios obligatorios de ordenamiento ecológico y urbano.
De acuerdo con el INEGI, entre el 2000 y 2020 la superficie urbanizada en el área metropolitana creció más del 120%, mientras que la población aumentó aproximadamente 60%, lo que evidencia un patrón de expansión horizontal, dispersa e ineficiente, ocasionando que el desarrollo urbano se expanda hacia zonas forestales, laderas, cañadas y áreas de transición ecológica, particularmente en las faldas de la Sierra Madre Oriental.
Por ello, esta iniciativa no pretende frenar el desarrollo, sino ordenarlo, colocando al medio ambiente como un eje estratégico del bienestar, la seguridad y la competitividad futura de Nuevo León.
La expansión acelerada de fraccionamientos habitacionales y de infraestructura urbana en zonas periurbanas y colindantes con la Sierra Madre Oriental ha provocado fragmentación de hábitats, la pérdida de conectividad biológica, el incremento del riesgo de incendios, deslaves y escasez hídrica.
Actualmente, Nuevo León carece de una figura equivalente explícita, lo que genera vacíos aprovechados por desarrollos inmobiliarios.
Es importante destacar que los corredores ecológicos propuestos en esta iniciativa son distintos de los corredores ecológicos riparios previstos actualmente en la Ley, los cuales se circunscriben a zonas vinculadas a ríos y cuerpos de agua, esta reforma amplía el enfoque para garantizar la conectividad ambiental entre áreas naturales protegidas, zonas forestales y áreas periurbanas.
«La protección de los corredores ecológicos no es un freno al desarrollo, es una herramienta de planeación responsable que permite crecer con orden, reducir riesgos ambientales y garantizar un entorno seguro y sostenible para las futuras generaciones de Nuevo León», señaló el legislador.
Con esta iniciativa, Nuevo León avanza hacia un modelo de desarrollo urbano y ambiental más equilibrado, que brinda certeza jurídica, protege la conectividad ecológica y fortalece la seguridad hídrica y territorial del Estado, alineando el crecimiento económico con la protección del patrimonio natural y el bienestar de la población.
