Porque es una práctica deshonesta que afecta a los ciudadanos y gobiernos, el Diputado Miguel Lechuga presentó una iniciativa de reforma para tipificar como ejercicio ilícito de servicio público el anuncio o promoción de obras fantasma.
Se trata de una adición del artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
«Incurre en ejercicio ilícito de servicio público quien, derivado de sus funciones difunda a través de anuncios, eventos, actos o informes de gestión gubernamental, los proyectos estratégicos en materia de obra pública que se encuentren establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo o bien, en el Plan Municipal de Desarrollo, sin que las obras sean terminadas dentro del periodo de Gobierno».
El legislador panista señaló como un caso reciente de incumplimiento, es la decisión del Gobierno de Nuevo León de descartar la construcción de la Línea 4 del Metro hasta el Municipio de Santa Catarina, a pesar de que ya estaba contemplada en dicho plan.
«Esta decisión ha generado descontento entre la población y ha acentuado los problemas de movilidad en la región, afectando a miles de ciudadanos que dependen del transporte público», aseguró Miguel Lechuga.
Indicó que uno de los principales problemas del incumplimiento es la falta de transparencia en la toma de decisiones gubernamentales.
«Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones detrás de la cancelación o modificación de proyectos clave. La ausencia de explicaciones claras y justificadas genera un clima de desconfianza y descontento social», afirmó.
Miguel Lechuga manifestó que el incumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo por parte de los gobernadores tiene graves repercusiones en la economía, la infraestructura y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
«Para evitar estos problemas, es fundamental que los gobiernos actúen con responsabilidad, transparencia y compromiso con los planes establecidos. La rendición de cuentas y la participación ciudadana son herramientas clave para asegurar que los proyectos contemplados en el PED se lleven a cabo en beneficio de toda la sociedad», dijo.
Expuso que otra situación lamentable, es que uno de los principios básicos de la gestión pública es la honestidad en la rendición de cuentas.
‘Sin embargo, cuando un Gobierno presenta proyectos inconclusos o inexistentes como logros alcanzados, se incurre en una grave falta de ética administrativa. Esta práctica no solo engaña a la ciudadanía, sino que también obstaculiza la evaluación real del desempeño gubernamental y dificulta la toma de decisiones informadas por parte de la población», apuntó.
«En muchas ocasiones, estos informes presentan como logros alcanzados obras que ni siquiera han comenzado a construirse, lo que representa una mala práctica que socava la confianza pública y distorsiona la percepción del desempeño gubernamental», añadió.
Miguel Lechuga calificó de deshonesta el anuncio de obras que ni siquiera han sido iniciadas.
«Por ello, la presentación de obras no iniciadas como logros alcanzados en los informes de Gobierno es una práctica deshonesta que mina la confianza de la ciudadanía y afecta el desarrollo del Estado de Nuevo León. Para fortalecer la democracia y mejorar la gestión pública, es esencial que los gobiernos prioricen la transparencia, la veracidad y la rendición de cuentas en su comunicación con la sociedad», manifestó.
El Diputado comentó que es necesario que se impongan sanciones a quienes utilicen la publicidad gubernamental para difundir promesas que después se conviertan en logros no alcanzados, solo así se podrá garantizar que los informes de gobierno reflejen de manera fiel el estado real de la administración y contribuyan al desarrollo genuino de las comunidades.
