Para que Nuevo León esté preparado ante cualquier contingencia como huracanes, inundaciones, incendios o terremotos, el Diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera urgió al Poder Ejecutivo a gestionar y contratar una póliza de seguro estatal contra desastres naturales, así como a incluir una partida específica para este fin en el Presupuesto 2026.
El legislador del tricolor recordó en tribuna que, desde 2022, el Gobierno de Nuevo León no ha renovado el seguro estatal contra desastres naturales, y que la última convocatoria fue declarada desierta. Esta falta de cobertura, explicó, se evidenció con el huracán Alberto en junio de 2024, cuando la atención a los daños se vio limitada y retrasada.
«La falta de una póliza vigente deja al Estado expuesto y sin una herramienta financiera inmediata para atender los daños provocados por desastres naturales. Esta omisión pone en riesgo tanto la infraestructura pública como el bienestar de miles de familias», expresó el legislador priista.
«En el cuarto informe de gobierno de Nuevo León se reconoce la necesidad de crear un fondo estatal de desastres naturales, no obstante, esta medida resulta insuficiente si no se complementa con la contratación de seguros que garanticen una cobertura financiera integral. Ambos instrumentos deben operar de manera conjunta y complementaria», aseguró.
En el punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad durante la sesión, el legislador del PRI advirtió que, desde la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020, las entidades federativas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, al no contar con mecanismos sólidos de respaldo financiero ante fenómenos naturales.
«Es necesario que nos informen porque no ha renovado, ni vuelto a convocar la contratación de una póliza de seguro contra desastres naturales desde el año 2022. Y que se incluya en el Presupuesto 2026 una partida específica destinada a la contratación y mantenimiento de una póliza de seguro estatal contra desastres naturales», estimó.
Asimismo, subrayó que la Ley General de Protección Civil establece la obligación de los gobiernos estatales de contratar seguros o instrumentos financieros que garanticen la atención inmediata ante emergencias, por lo que no se trata de una decisión discrecional, sino de un deber legal y moral del Ejecutivo estatal.
«No podemos seguir improvisando ante los desastres. Nuevo León necesita una política pública permanente en materia de aseguramiento, que no dependa de la voluntad del gobierno en turno, sino que esté garantizada año con año dentro del presupuesto estatal», enfatizó.