Con el fin de que las personas deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular en Nuevo León, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta un conjunto de reformas a la Constitución Política de Nuevo León.
La Diputada Armida Serrato presentó en Tribuna el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en el que se aprobó la reforman a la fracción IV del artículo 136; la fracción IV del artículo 158; se adicionan un segundo párrafo con los incisos a) y b) y un último párrafo al artículo 56; una fracción XI al artículo 71; una fracción VI al artículo 118; un tercer párrafo al artículo 144; un inciso i) a la fracción III del artículo 162; y una fracción V al artículo 172, todos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
«La suspensión de derechos ciudadanos, cuando una persona cometan delitos de violencia familiar, delitos sexuales o violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o bien por incumplimiento de obligaciones alimentarias, es decir, que la persona sea deudor alimentario moroso. Este conjunto de requisitos para poder acceder a cargos de elección popular o a ejercer algún cargo público, se le ha conocido comúnmente como «3 de 3 contra la violencia», aseguró la Legisladora.
La modificación a la ley establece que los ciudadanos no podrán acceder a cargos públicos o de elección son los que tengan antecedentes penales como agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y que tengan antecedentes como deudores alimentarios o porque no cumplan las obligaciones alimentarias.
«Esta reforma envía un mensaje claro, quienes violenten los derechos humanos no pueden ni deben gobernar», señaló la Diputada.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por los Legisladores.
