Ante la creciente ola de inseguridad que afecta a los habitantes de Nuevo León el Congreso del Estado, a propuesta de la diputada Claudia Caballero Chávez, exhortó al gobernador, Samuel García Sepúlveda y al secretario general de gobierno, Javier Navarro, a implementar las medidas necesarias para remediar este grave problema.
Desde la Tribuna del Recinto Legislativo, Caballero Chávez, hizo una relatoría de los hechos de violencia que han ocurrido en distintos municipios del Estado, en donde se ha puesto en riesgo a la población, mientras que las autoridades estatales minimizan la situación.
En el exhorto a las autoridades estatales se les hace ver que como integrantes del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León deben impulsar y tomar las acciones necesarias para implementar estrategias eficaces, objetivas, concretas, reales y urgentes para hacer frente a la ola de violencia que vive en Nuevo León.
«De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública del INEGI, el 72.8 por ciento de las personas mayores de 18 años percibe a Nuevo León como un Estado inseguro para vivir.
«A su vez, de acuerdo con esta misma encuesta el 79.6 por ciento de las mujeres de Nuevo León también se sienten inseguras en el Estado», destacó desde la Tribuna la legisladora.
Lamentó que, a pesar de estas estadísticas del Instituto Nacional de Geografía, las autoridades del estado, aseguren que la percepción de los ciudadanos es sentirse seguros dentro del territorio de Nuevo León.
«Durante la Marcha por la Paz organizada por la Décimo Novena Cumbre por Mundial de Premios Nobel de la Paz el Secretario de Gobierno Javier Navarro realizó una desafortunada declaración en donde minimizaba los índices de inseguridad.
«Aseguró que la gente común y corriente como nosotros no siente ni ve inseguridad en Nuevo León, porque está fuera de ese marco de guerras entre grupos organizados, asegurando que los actos violentos solo ocurren entre grupos delictivos».
Caballero Chávez exigió una disculpa pública al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velazco, primordialmente a las familias de las víctimas de la inseguridad por su desafortunada e insensible declaración.
